En medio de una creciente ola de reportajes sobre hechos de inseguridad que han afectado a varios sectores productivos de la ciudad de Bogotá, los representantes María del Mar Pizarro, Olga Lucía Vásquez, María Fernanda Carrascal, Támara Argote, Gabriel Becerra, David Racero, Alirio Uribe y Cristóbal Caicedo convocaron a una Audiencia Pública el 4 de marzo de 2024.
En dicho evento participaron diversos actores de orden nacional y distrital con el fin de aclararle a la ciudadanía las estrategias de seguridad así como los indicadores en materia de hurtos, extorsiones y violencia en la capital del país.
Se contó con la participación del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Comercio, la Policía Metropolitana de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá y representantes de gremios como ACODRES, COTELCO y ASOBARES. También tuvo lugar la presencia de comerciantes; la academia, de la mano de la Fundación Pares y la Universidad Militar, y líderes de la sociedad civil de barrios como Ciudad Bolívar, Bosa y Suba.
La Audiencia Pública estuvo liderada por la representante a la Cámara por Bogotá, María del Mar Pizarro, quien manifestó que, pese al incremento de la percepción de inseguridad en Bogotá de las últimas semanas, lo que las cifras han evidenciado es que ha habido una reducción en los hurtos a personas y a establecimientos comparándolos con el 2023. Sin embargo, lo que se ha visto es que los robos se han tornado más violentos y con mayor presencia de armas de fuego. Asimismo, señaló que los llamados a militarizar la ciudad le harían mucho daño al turismo.
“Desde hace más de un año hemos advertido sobre la situación de seguridad, específicamente de extorsiones a comercios y a la sociedad civil en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar. Pero muchas de las reuniones que hemos tenido se quedan solo en actas y no vemos un cambio ni para los comerciantes ni para los habitantes de estas localidades. La idea de esta audiencia pública es generar resultados para la ciudad y dar un mensaje de calma en la medida en que todos los actores de carácter nacional y distrital estamos unidos para darle frente a estos problemas”, señaló la congresista.
Por su parte, el Comandante de Policía, Brigadier General José Daniel Gualdrón expuso la evolución de diferentes delitos de alto impacto en la ciudad de Bogotá. Se destacó una reducción del 13% en el hurto a personas, una disminución del 45% en el hurto a comercios, y una baja del 34% en el hurto de celulares. Sin embargo, se señaló un aumento del 56% en la extorsión, confirmando las denuncias previas de empresarios y comerciantes de Ciudad Bolívar y Bosa.
De igual forma, varios gremios expusieron sus preocupaciones y necesidades. Entre otras cosas, solicitaron tener mayor comunicación y acompañamiento con la Policía Nacional, y también, mejor coordinación para combatir estructuras criminales.
Como resultado, los congresistas presentaron las conclusiones de la Audiencia Pública y se estableció un plan de trabajo integral para abordar los problemas de inseguridad que afectan a los sectores productivos de la ciudad entre el cual se encuentra:
- Creación de una mesa de seguimiento técnica compuesta por congresistas, la Policía Metropolitana, Alcaldía de Bogotá, Ministerio de Defensa y Ministerio de Comercio para monitorear el avance y cumplimiento de las acciones y planes presentados por el General Gualdrón en materia de seguridad de Bogotá.
- Implementación de una ruta de denuncias desde la Cámara de Comercio de Bogotá para combatir el subregistro y establecer una relación más fluida y armónica entre la Cámara de Comercio y la Policía de Bogotá.
- Construcción de estrategias de comunicación más efectivas entre las empresas de vigilancia de Bogotá.
- Creación de mesas de seguridad periódicas en las Juntas de Acción Comunal en los barrios de Bogotá. Haciendo énfasis en Suba, Ciudad Bolívar, Usme y Bosa.
- Elaboración de un Consejo de Seguridad Turístico con la Policía Nacional y el Ministerio de Comercio para apoyar a las Pymes del sector. Conocer sus denuncias y protegerlos, para así seguir incentivando esta importante actividad económica.
Se le hizo un llamado a la Fiscalía y a la rama judicial sobre la agilidad de los procesos de denuncia y las medidas para afrontar el hacinamiento carcelario que ha convertido cada vez más precario el sistema incentivando el accionar delictivo dentro de los establecimientos carcelarios.
Y por último, se recordó la necesidad de la registraduría de avanzar con el reconocimiento biométrico y establecer un accionar conjunto con la Policía para acceder a herramientas que permitan la identificación de los delincuentes por medio de tecnología avanzada.